ARTÍCULO DE OPINIÓN
Hay preguntas que no se responden con
expedientes, sino con silencios. ¿Por qué el apellido de unos se desvanece del
expediente mientras el de otros se convierte en condena mediática? ¿Por qué
unos devuelven millones y no pisan la cárcel, mientras quien alza la voz
enfrenta demandas millonarias? La respuesta no está en el Código Procesal
Penal. Está en el chance que unos reciben y otros pagan.
¿Qué pasó con la Operación Medusa?
El 29 de junio de 2021, el exprocurador Jean Alain
Rodríguez fue detenido en la sede de la Procuraduría General de la República,
según confirmó su abogado José Figueroa Guílamo. Ese mismo día, CNN Español
reportó que Rodríguez se sumó a otras cuatro personas arrestadas en el marco de
la investigación denominada “Operación Medusa”, por presuntos delitos de
“asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de
funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos
electrónicos y lavado de activos”.
Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de
Estados Unidos que pagó 92 millones de dólares en sobornos en República
Dominicana entre 2001 y 2014, según documentos judiciales citados por Diario
Libre. La constructora brasileña pagó aproximadamente US92 millones entre 2001
y 2014 a “funcionarios del Gobierno e intermediarios”. La Procuraduría General
de la República, entonces bajo la dirección de Jean Alain Rodríguez, citó al
empresario Ángel Rondón tras ser identificado por el gerente local de
Odebrecht, Marcelo Hofke, como la persona que recibió esos US$92 millones, en
un acuerdo extrajudicial firmado con el Departamento de Justicia de Estados
Unidos.
El entramado de Strukturat, Hasbún y Bonetti
El expediente acusatorio establece que el esquema operó
entre 2018 y 2019. Según el expediente del caso Medusa, Jean Alain Rodríguez le
preguntó a su amigo, el empresario Paul Martin Hasbún Saladín —a quien conoció
en el Consejo de Administración de Domicen, S.A.— si conocía una empresa que
trabajara movimientos de tierra para la cárcel de La Nueva Victoria, proyecto
que, según le dijo, lo iba a “casar con la gloria y le serviría para
catapultarlo políticamente”.
Hasbún Saladín le recomendó Strukturat, LTD, donde el
empresario Enrique Ernesto Bonetti Galván fungía como director general. Jean
Alain estableció que le asignaría la obra, pero que tendrían que darle un 20%
del total del contrato, en efectivo y cambiado a dólares. A pesar de que en la
licitación participaron 14 empresas, Strukturat LTD ganó el concurso.
¿Cuánto dinero se entregó?
Los montos documentados en el expediente acusatorio
desglosan pagos que suman casi 2 millones de dólares, entregados en efectivo en
la residencia de Jean Alain Rodríguez, según Listín Diario:
· 4 de abril de 2019: Hasbún Saladín y Bonetti Galván
entregaron US$600,000 en efectivo.
· 24 de junio de 2019: Bonetti Galván entregó US$977,517
en efectivo.
· 10 de julio de 2019: Hasbún Saladín entregó US$398,214
como pago final.
La acusación formal de la Pepca, citada por Diario Libre,
indica que Jean Alain recibió RD$163 millones en pagos irregulares por el
movimiento de tierra en La Nueva Victoria, correspondientes al 15 por ciento de
los montos erogados por la Procuraduría General de la República.
El dinero fue adquirido en la Agencia de Cambio Quezada
de La Romana, según El Día. Las empresas depositaban dinero en una cuenta de la
agencia de cambio, y los depositantes retiraban el efectivo que luego
entregaban a Rodríguez o a sus representantes.
El 4 de abril, un contratista depositó 30.35 millones de
pesos y la agencia entregó 600 mil dólares en efectivo que fueron entregados
directamente a Jean Alain Rodríguez.
Posteriormente, se repitió la misma triangulación con un
depósito de 50 millones de pesos para recibir 977 mil dólares.
El entramado con Cemex
El expediente también documenta que Cemex Dominicana
formó parte del entramado corrupto, según CDN.
La empresa fue reclutada por Jean Alain Rodríguez y el
empresario Enrique Ernesto Bonetti para que supliera de manera exclusiva todo
el hormigón, el cemento y los agregados a las constructoras de La Nueva
Victoria.
Por esa gestión, Cemex pagaría comisiones a través de
Materiales de Construcciones LNV. Las constructoras fueron obligadas a comprar
todos los materiales a Cemex; de no hacerlo, se les retiraría la construcción
de los lotes asignados.
Los fiscales cuantificaron que Cemex pagó más de
RD$12,908,197 en sobornos, disfrazados de comisiones, por la exclusividad de
venta en La Nueva Victoria.
¿Por qué Ligia Bonetti pidió ser desvinculada y en horas
le rompieron el velo corporativo?
El 29 de julio de 2022, el Grupo SID y la familia Bonetti
Guerra emitieron un comunicado desvinculándose del caso, según Hoy.
Ligia Bonetti Du-Breil, presidenta ejecutiva del
conglomerado, aclaró que Strukturat “pertenece a otro grupo empresarial del
país” y que los Bonetti Guerra tenían una participación minoritaria, siendo
“uno de los más de 800 accionistas de la empresa mencionada, con un 0.0004%”.
El comunicado puntualizó que “el ejecutivo responsable de la gestión de
Strukturat no forma parte de Grupo SID, ni ha sido empleado del mismo ni está
legalmente vinculado al núcleo familiar Bonetti Guerra”.
Sin embargo, la propia acusación señala que Enrique
Ernesto Bonetti Galván fungía como director general de Strukturat.
¿Cuánto costó y quién paga los platos rotos?
El acuerdo entre Lisandro Macarrulla Martínez y el
Ministerio Público estableció la devolución de RD$144,672,393.77 al Estado,
según Hoy. El acuerdo fue firmado el 4 de diciembre de 2023 e incluyó tres años
de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida y la cancelación del registro
mercantil de Mac Construcciones S.R.L.
Mientras tanto, quien escribe no ha recibido un solo peso
de las obras de JAR ni de ningún contrato público. Sin embargo, enfrenta una
demanda de no menos de 60 millones de dólares por difamación, según El
Periódico. La demanda fue interpuesta por el empresario Felipe Augusto Vicini
Lluberes ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, División de Fort
Lauderdale, el 25 de febrero de 2026. La demanda califica las imputaciones como
difamación “per se”, figura legal que aplica cuando se imputan delitos graves
que pueden causar daño directo a la reputación sin necesidad de demostrar
perjuicios adicionales.
¿Dónde nos desviamos?
La defensa de JAR sostiene que el proceso ya superó el
plazo máximo de cuatro años y que la acción penal debe extinguirse por
prescripción. El 17 de agosto de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional rechazó esa solicitud, según Z 101 Digital. El procurador
adjunto Wilson Camacho celebró la decisión: “Jean Alain Rodríguez Sánchez busca
impunidad dentro y fuera del tribunal. Por suerte, este tribunal le ha enviado
un mensaje en derecho y le ha dicho que tiene que prepararse para defenderse de
la prueba, que es lo que él ha querido evitar”.
El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia
TC/0225/25 del 30 de abril de 2025, prohibió al Ministerio Público el uso
público de sobrenombres como “Operación Medusa”. Pero JAR ya fue sancionado por
el Departamento de Estado de Estados Unidos el 11 de diciembre de 2023, junto a
su esposa María Isabel Pérez Sallent y sus dos hijos, por “corrupción
significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a
proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el
estado”.
La bola está en la cancha de un juicio federal con jurado
en La Florida
Aquí no hay filtraciones interesadas, ni “chances”
presidenciales, ni acuerdos bajo la mesa. En un tribunal federal del sur de
Florida, con un jurado que escuchará la verdad, solo la verdad y nada más que
la verdad, las cartas están sobre la mesa. El estatuto 770.01 existe para
proteger a los demandados de demandas temerarias. La difamación “per se” existe
para proteger a quienes son acusados falsamente de delitos graves. El sistema
está diseñado para que nadie esté por encima de la ley.
Cuando se habla de daño reputacional, hay que esperar el
lanzamiento correcto para servir la respuesta en plato frío.
Transparencia y justicia para todos, sin chance.
Que el gran jurado de Florida tenga la última palabra. Que los testimonios de Miriam Germán, Yeni Berenice y Wilson Camacho lleguen a un tribunal federal donde no se pueda callar la verdad ni otorgar indulgencias. La balanza de la justicia dominicana no se mueve sola: se mueve cuando alguien con poder decide qué platillo pesa más. Y mientras esa decisión siga siendo discrecional, seguirán los que pagan y los que reciben el chance.
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