Es de una necesidad imperiosa fortalecer el sistema de
salud público.
Aunque ya llegó, en nuestro país todavía no azota con
crudeza la pandemia que recorre gran parte del mundo. Aún así, es posible
darnos cuenta de las grandes diferencias que existen en nuestra población a la
hora de tomar medidas para evitar los contagios, y con ellos su propagación.
Las recomendaciones suelen ser las mismas en todo el
mundo. Quedarse en casa y trabajar a distancia; no usar el transporte público, evitando
los lugares concurridos y lavarse permanentemente las manos. Estas últimas parecieran
ser las más importantes, además del evidente aislamiento preventivo con o sin
síntomas. Pero, examinemos una a una las recomendaciones.
Primero, ¿puede el pueblo dominicano trabajar a
distancia? En un país donde el derecho al trabajo digno no está garantizado,
pensar en el teletrabajo parece ser una utopía incluso en tiempos de pandemia.
Por ello, debemos avanzar hacia una sociedad que valore la humanidad de sus
trabajadores por sobre su rentabilidad económica.
Además, resulta prioritario que todos los trabajadores y
trabajadoras tengan asegurada tanto su previsión social como los seguros
médicos. No es posible que ante el contagio de coronavirus se vean obligados a
seguir trabajando porque no pueden dejar de llevar dinero a sus casas, y con
ello se vean expuestos sus compañeros de trabajo y la comunidad en general.
Por otro lado, el uso del transporte público no es una
elección para miles de dominicanos y dominicanas. Descartada la posibilidad de
dejar de trabajar, la movilización es una necesidad básica que está bastante
descuidada por parte del Estado. Las empresas que prestan el servicio no
cumplen las mínimas normas de seguridad y el hacinamiento en carros públicos,
guaguas y voladoras es terreno fértil para que el virus se siga propagando. Una
vez más, los pobres son parte de esa población vulnerable que está más expuesta a
contraer la enfermedad.
En tanto, lavarse las manos y cuidar la higiene personal
es, sin duda, la recomendación más repetida. El problema radica en las
condiciones en que viven muchos de nuestros compatriotas, por ejemplo, viviendo
entre aguas estancadas y sin agua
potable que les permita cumplir con las indicaciones entregadas por las
autoridades de salud, e incluso volviéndolos presas fáciles del dengue y otro
tipo de enfermedades.
Las precarias condiciones sanitarias y de vivienda
existentes en los barrios con menores recursos, son las que expresan una de las
principales diferencias sociales, evidenciando la ausencia del derecho a la
salud garantizado para todos y todas.
En ese sentido, el sistema es deficiente desde su
estructura. Basta un contagiado en
cualquiera de nuestros barrios capitaleños para que el COVID-19 se propague
rápidamente por la población dominicana. Nunca estuvimos preparados.
Por lo anterior, es de una necesidad imperiosa fortalecer
el sistema de salud público. Urge una voluntad política transversal para convertir
la salud en un derecho real para todos los dominicanos y dominicanas.
El desafío inmediato que nos deja la crisis es lograr que
el Artículo 61 de la Constitución se cumpla de una vez por todas.
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