La Doctora Laura Hernández
participó activamente en el intercambio de buenas prácticas y experiencias
sobre defensa pública
Washington.-
La Coordinadora de la Asociación Interamericana de
Defensorías Publica (AIDEF) y Directora de la Oficina Nacional de Defensa
Pública de República Dominicana, doctora Laura Hernández Román, participó en la
sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acerca del
intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre la Defensa Publica como
garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad.
En el evento donde
participaron representantes de más de dieciocho países miembros de la OEA,
observadores permanentes y defensores públicos de diez países del hemisferio,
así como representantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
(AIDEF) y otras organizaciones de la sociedad civil registradas ante la OEA, la
doctora Hernández Román compartió sus experiencias relacionadas a las buenas
prácticas sobre la estructura y características de las defensorías, destacando
la independencia y autonomía funcional y presupuestaria que deberían
tener; las que tienen rango constitucional y los que tienen un marco
legal.
En la reunión del
organismo regional se habló además, de los sistemas disciplinarios de los
distintos países; la ampliación que, en algunos países se ha dado a sus
funciones y materias, como por ejemplo víctimas y asuntos distintos a los
penales; lo que ganan los defensores vs. Jueces y fiscales en cada uno de los
países, entre otros temas.
El Departamento
de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos presentó
un informe sobre la implementación de la resolución de la Asamblea
General AG/RES. 2656 (XLI-0/11),
a cargo de Dante Negro y Magaly McLean. Refiriéndose a las
actividades de cooperación que desarrolla con la AIDEF, enmarcadas en el
Acuerdo de Cooperación que suscribió la Secretaría General de la OEA con la
AIDEF el 4 de noviembre de 2011. Presentaron además una síntesis de las
respuestas que por escrito dieron once Estados a un cuestionario circulado el
año pasado, dirigido a recopilar información preliminar sobre distintos
aspectos que caracterizan a la Defensa Pública en la región e identificar
mejores prácticas en la materia.
Esta sesión
fue inaugurada por el Embajador Andrés González, Representante Permanente
de Colombia ante la OEA y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP). Además intervinieron, el señor Pedro Vuskovik, quien hizo
una presentación del programa Interamericano de Facilitadores Judiciales que
tiene a su cargo la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y el señor Mario López de
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Doctora
Hernández quien estuvo acompañada por la doctora Stella Maris Martínez,
Secretaria general de la AIDEF y Defensora General de la Defensorías Publica de
Argentina, expresó que, la sesión, permitirán al DDI cumplir con el mandato de
la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2714
(XLII-0/12) de elaborar un informe que
compile las buenas prácticas en el tema de acceso a la justicia y Defensa
Pública en la región que será presentado a la CAJP, durante el segundo semestre
de este año. Concluyéndose que la adopción de resoluciones por parte
de la Asamblea General ha contribuido a fortalecer las defensorías públicas de
Iberoamérica, como es el caso de la independencia de la Defensoría Pública de
Paraguay.
Por otro lado, la
Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF) firmó un acuerdo
de entendimiento con la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual tiene como objetivo
establecer un marco regulatorio con respecto a la promoción de la defensa
pública interamericana para presuntas víctimas, cuyos casos se encuentren en la
etapa de fondo ante la CIDH y éstas no cuenten con representación legal por
carecer de recursos económico suficientes para ello.
El acuerdo ratifica
los esfuerzos de ambas entidades para garantizar y potencializar el acceso a la
justicia interamericana de las personas que recurren ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de hacer efectiva la defensa de
los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho. Asimismo,
constituye un logro por parte de la Asociación, en cuanto a la protección de
los derechos de los grupos más vulnerables de toda América.
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